Unión Ciudadana, partido que se presenta a las elecciones legislativas del 9 de marzo por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife se manifiesta a favor de que una ley obligue a hacer público el patrimonio de los cargos electos al principio y fin su mandato. Esta propuesta se enmarca dentro de un proyecto global de regeneración de la vida política, que incluye entre otras acciones, la promoción de una Ley de Ética, que regule las promesas electorales y su cumplimiento, acompañada de una profunda reforma de la Ley electoral y un cambio radical en la Ley de Financiación de Partidos políticos. En palabras de Antonio Delgado, cabeza de lista al Congreso, “se trata de mejorar una democracia devaluada por el bipartidismo, la ausencia de participación, y partidos que no funcionan democráticamente y que violan sin castigo la ley de financiación”.

En cuanto a la exposición pública del patrimonio de los cargos electos, Antonio Delgado explica que “Unión Ciudadana trata de hacer transparente ante el electorado la vida política, dignificando la misma. Se trata de evitar con ello que el ejercicio de la política en un cargo público se pueda convertir en un modus vivendi o, lo que es peor, en una forma de enriquecimiento. La política debe entenderse como servicio y no como profesión lucrativa”.

Unión Ciudadana ha hecho extensiva la medida a sus candidatos. Antonio Delgado, cabeza de lista al Congreso ha hecho público su patrimonio: una vivienda de 57 metros cuadrados, hipotecada por muchos años y un vehículo turismo con nueve años y medio de antigüedad. Señala Delgado  que “no parece razonable que algunos políticos en poco o mucho tiempo vean incrementado su patrimonio por el ejercicio de un cargo público”.

      Por último, Unión Ciudadana, a través de su portavoz apuesta como complemento de lo anterior “por una Ley de Fomento de la Participación Pública, ligada a la articulación cada vez mayor de  esa participación y de los distintos sectores de la sociedad, en las decisiones políticas y en todas las actuaciones públicas: mayor presencia de la sociedad en los órganos colegiados de la administración, creación de más cauces administrativos para la participación de todos los sectores sociales en los órganos de gestión política, celebración de consultas públicas, referéndum, etc.

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