SB-Noticias.- El Consejero del Cabildo de Tenerife por el grupo socialista, Santiago Pérez, denunciaba hoy en un Pleno Extraordinario celebrado en la corporación que Ricardo Melchior se había servido de la institución en época electoral, “para perseguir a un adversario político”, Juan Fernando López Aguilar. Hacía referencia a la denuncia presentada por Melchior ante la Fiscalía, como Presidente del Cabildo y en nombre de la corporación por unas supuestas declaraciones de aquél sobre la tragedia de Piedra de Cochinos.

Señala Pérez que se acordó proceder judicialmente contra López Aguilar a raíz de unas declaraciones “contundentes” sobre la tragedia acaecida en la galería de Piedra de Cochinos que costaba la vida a 6 personas. Al parecer, el líder de los socialistas canarios habría atribuido responsabilidades sobre lo ocurrido tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias. “Tomaron la decisión de perseguirle”, dice Pérez, explicando que lo primero que hicieron fue pedir iformación a la Secretaría del Cabildo, que recomendó en primer lugar hacer un requerimiento a López Aguilar para verificar si había hecho tales declaraciones.

A continuación, asegura Pérez que se tomó como prueba de las mismas el servicio de una conocida agencia de prensa de las islas, ACN, sobre el tema, así como la transcripción de ésta noticia en un periódico. Puntualiza el socialista que, basándose en esta información, Melchior presentó una denuncia, que no una querella, ante la fiscalía, no sólo en su nombre como Presidente del Cabildo, sino de toda la corporación.

Aclara Pérez que Ricardo Melchior no tiene competencias para tomar una decisión de esta naturaleza, puesto que para presentar una denuncia en nombre de la corporación debe contar con el acuerdo del Pleno. Asimismo, explica que habría sido necesaria la emisión de un informe jurídico pormenorizado, en el que se analizaran cuestiones como si cabe el delito de injurias contra las administraciones locales. En su opinión como jurista, el CP reconoce las injurias contra personas y excepcionalmente contra determinadas altas instituciones del Estado (la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial). De igual manera, considera que se debían haber planteado si se pude perseguir las injurias sin formular una querella, ya que la única excepción a ésto es que sean proferidas contra una persona o funcionario concreto.

Puntualiza además que para que las injurias constituyan delito deben ser graves y manifiestamente infundadas. A su juicio, si López Aguilar hubiera hecho efectivamente esas declaraciones, éstas no serían infundadas, puesto que las propias familias de las víctimas piden ante los tribunales la imputación penal de algunas autoridades tanto del Cabildo como del Gobierno.

Según Santiago Pérez, la intención de esta denuncia queda clara cuando en el Pleno de hoy del Cabildo, José Manuel Bermúdez decía, “con una impericia poco común en un profesional del poder como él, que nos iban a dar la misma medicina que nosotros les dábamos”, comenta. Tal y como lo entiende el consejero socialista, se trata de una mera persecución de sus adversarios políticos, que “no va a ningún lado” y que augura bajo su experiencia en temas jurídicos que será archivada.