En diciembre de 1999 el empleado municipal Nicolás Baute, próximo a las filas de ATI-CC, propuso a dos empresarios constructores que secuestraran durante unos días a la concejal del PP en La Laguna, Raquel Lucía Pérez Brito y como contrapartida él les facilitaría la obtención de unas licencias urbanísticas por las que llevaban largo tiempo esperando.

El objetivo de Baute era impedir una posible moción de censura contra la alcaldesa Ana Ormas, que entonces gobernaba con los votos imprescindibles del Partido Popular.

El detonante de esta rocambolesca trama fue un serio desaire a la citada concejal del PP, responsable del área de Patrimonio Histórico que había tenido que acatar con poco agrado el pacto CC-PP. Al no ser invitada por la alcaldesa a viajar a Marraquech, ciudad donde la UNESCO otorgaría el nombramiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad” a La Laguna, el 4 de diciembre del 99, decidió celebrar el histórico acontecimiento dando una rueda de prensa junto al líder de la oposición, Santiago Pérez. Este hecho fue interpretado desde las filas de CC como la antesala de la ruptura del pacto que, de fraguarse, haría perder la mayoría a CC.

Uno de los empresarios convocados por Baute a la cita para urdir el secuestro, graba en video la reunión y tiempo después lo entrega al juez. Paralelamente se querellan contra Baute el ayuntamiento, la alcaldesa, los concejales presuntamente conocedores de la trama y beneficiarios de supuestos cheques millonarios obsequiados por otro constructor: Ambrosio Jiménez (según muestra el video): Manuel Martín Luis, Jaime González Izquierdo y Leopoldo Fernández Mestre. Tras años de proceso judicial, y habiendo quedado archivado por el Ministerio Fiscal, hace un mes el Juzgado de Primera Instancia número cinco de La Laguna ha ordenado la apertura del juicio oral en un Juzgado de lo Penal, contra Nicolás Baute y los empresarios Tomás Núñez y Valentín Luis, a petición de las acusaciones particulares, entre las que está el Grupo Municipal Socialista.