IPO afirma que CC ha hecho el más escandaloso de los ridículos al presentar su absurdo recurso de nulidad, y ello a pesar de la insistencia de los grupos de la oposición en la no viabilidad de dicho recurso, y a pesar de la denuncia que hicimos en su momento de que tan sólo se trataba de una maniobra para dilatar el proceso, eso sí, con dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas de La Orotava. Este espantoso ridículo pone en una situación de verdadera “vergüenza pública” al Ayuntamiento de La Orotava y a sus regidores ante la administración de justicia, que sigue siendo tan contundente como en la primera sentencia que declaraba nulas las licencias concedidas en su momento para la construcción del macro-edificio de viviendas y garajes, al vulnerar flagrantemente las disposiciones contenidas en la legislación canaria sobre protección del patrimonio histórico.

“Exigimos que las condenas en costas que debe pagar el Ayuntamiento sean sufragadas por el grupo de CC, pues han sido ellos quienes –a pesar de la evidente inviabilidad del recurso– han utilizado dinero público para extender un proceso en el que han salido claramente derrotados desde el punto de vista judicial. Nadie, en su sano juicio, podía apostar porque ese recurso saliera adelante, y sin embargo, el empeño de CC, tratando de agarrarse a un clavo ardiendo para salvar el escaso prestigio político del que ya entonces carecían en este tema, va a suponer una nueva derrama completamente innecesaria de dinero público. Tanto más grave en estos tiempos en los que el Ayuntamiento, por su irresponsabilidad en la gestión económica, está pasando por un duro momento desde el punto de vista económico”.

Para IPO, la claridad y contundencia del nuevo auto judicial, en el que se rechazan tajantemente cada una de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento, pone en entredicho la labor de los servicios jurídicos del Consistorio, especialmente de la Secretaría General, la cual entendemos que debería haber advertido, en su momento, de la inviabilidad de ese recurso y así haber evitado un gasto económico (el de la imposición de costas) a las arcas municipales.

Este nuevo auto no hace más que seguir evidenciando los intereses que el Ayuntamiento de La Orotava –a través de su grupo de gobierno– está siempre dispuesto a defender. Esos intereses son los de las empresas constructoras que operan en el municipio. Intereses que en numerosas ocasiones están enfrentados al interés general (el único interés por el que deberían velar las administraciones públicas en un sistema democrático).

“Seguimos planteando la necesidad urgente de dar salida al Plan Especial del Casco, frenado hasta este momento por el grupo de gobierno en espera de dar salida a algunas operaciones inmobiliarias –de las que el caso Atlante es la más sobresaliente– y a algunos intereses particulares, en detrimento de la protección integral de un Conjunto Histórico que ha sido declarado Bien de Interés Cultural. Es en ese marco del Plan Especial en el que proponemos que el solar que ocupaba el antiguo Teatro sea considerado como Equipamiento Público, y que se proceda, a través del proceso de expropiación, a la adquisición del mismo, y que se incorpore al Patrimonio Público de Suelo para construir allí una dotación cultural y un espacio de ocio, que debería contemplar la reconstrucción de la fachada del Teatro (ante la imposibilidad y la poca viabilidad de reconstruir el conjunto del edificio). Un  nuevo espacio cultural que proponemos, además, que se ejecute a través de un concurso público de ideas en el que puedan participar los profesionales que lo deseen”.

Por último, la formación política de La Orotava sigue afirmando que este nuevo auto no hace más que reforzar las tesis mantenidas en el pleno en que se debatió la moción presentada por nuestro grupo para que el Ayuntamiento no presentara recurso alguno a la sentencia, y en la que anunciamos que nos sumaríamos a cualquier iniciativa que pretenda esclarecer las responsabilidades penales que, en este tema, no dudamos hayan podido tener el Alcalde y los concejales de Urbanismo y Patrimonio en su momento, al emitir licencias de derribo y edificación en contra de la legalidad vigente en materia de patrimonio histórico, pudiendo haber incurrido por esta causa en un delito contra dicho patrimonio.