SB-Noticias.- En la Sala SB de La Laguna (Tenerife) se celebró la noche del lunes 25 de agosto una charla-coloquio sobre la aplicación de la Ley de Inhabilitaciones Administrativas, cara a las Elecciones a Gobernadores y Alcaldes en Venezuela. Intervino el Dr. Jesús Sevillano, Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela en Canarias, médico nacido en 1932 y una de las más prestigiosas voces de la canción popular venezolana, fundador del Cuarteto Contrapunto y con una brillante trayectoria en solitario: 1.500 conciertos por diferentes países y más de 30 discos grabados.

La derecha de Venezuela y otros países no para de conspirar contra el Gobierno legítimo de Hugo Chávez. Ahora su campaña llega a la Unión Europea de la mano del eurodiputado socialista Luis Yáñez, quien trata de presentar una moción que pretende deslegitimar la aplicación de una Ley vigente desde hace 33 años y refrendada por Gobierno y oposición venezolanos a comienzos de la década actual. Se trata de la Ley de Inhabilitaciones Administrativas, que impide a funcionarios y cargos públicos que hayan incurrido en casos de corrupción, optar a ser elegidos en las próximas Elecciones a Gobernadores y Alcaldes en noviembre.

El Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela en Canarias, Dr. Jesús Servillano, fue claro la noche del lunes 25 en la Sala SB: "Detrás de esta absurda campaña están los intentos del poder económico nacional e internacional por hacerse con el control del petróleo y el agua del país".

El Dr. Sevillano recordó que la Ley de Inhabilitaciones Administrativas data de hace 33 años, desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. En 1984, bajo el gobierno de Lusinchi, hacen también una inhabilitación administrativa pura, que se extiende a tres años nada más y en 1985, en el segundo gobierno de Caldera, se hace lo mismo: "Esto es lo que ha hecho el actual gobierno -afirma Jesús Sevillano. Fue apoyado por la oposición, como forma de lucha contra la corrupción. Incluso apoyaban cuando se extendió el periodo de 3 a 15 años, sin embargo no se sabe por qué han cambiado de opinión ahora. Nada tiene que ver con los derechos políticos. Las sanciones son meramente administrativas".

El abogado, ex-Fiscal General del Estado y Magistrado en excedencia Eligio  Hernández,  conocedor de la Constitución bolivariana estuvo presente en el acto: "es incomprensible la actitud de los opositores, cuando esa Ley ha sido abanderada precisamente por ellos. Votada unánimemente por la cámara de Venezuela. El problema es político". Hernández advirtió haber mantenido horas antes una conversación con el escritor y político canario, Armando Hernández (de origen herreño) residente desde hace muchos años en Venezuela y con una reconocida implicación en la vida política de aquella República, con quien verificó sus datos.

Comenta el hecho de que Chávez ha cumplido con toda la legalidad constitucional, a pesar de los augurios en sentido contrario que baticinó la oposición. "Se le podrá criticar en otros aspectos, pero no en éste. Aquí se trata de desacreditar como sea a Hugo Chávez. Esa Ley ha sido declarada constitucional por el Tribunal Supremo de la República. Y lo podría ser también en España. Cualquier sanción cabría en España, menos la privación de libertad, que no se considera tampoco en Venezuela. Recordemos que se  inhabilitaría a personas que en sus cargos públicos han metido la mano en la caja de todos, directa o indirectamente. También cabría en España la sanción de inhabilitación. Es la normalidad del funcionamiento del estado de derecho. Tanto en España  como en Venezuela son recurribles ante los tribunales. La administración española sólo puede tomar decisiones administrativas, nunca juzgar".

Se pregunta el también socialista Eligio Hernández a qué se va a agarrar su compañero Luis Yáñez, cuando es una ley perfectamente asumible en España. "Tal vez su profesión médica no le permite el buen conocimiento del tema. Por mi parte, haré lo posible para que no prospere su intención". Y ante la pregunta de una oyente sobre el grado de potestad de la UE para intervenir en la política interna de Venezuela, fue rotundo: "ninguna potestad".

El Cónsul subrayó que los afectados no pierden ninguno de sus derechos y no desaprovechó la oportunidad para subrayar que "en Venezuela hay más libertad de expresión que en ningún otro lugar del mundo", refiriéndose a un ejemplo reciente protagonizado por el escritor Vargas Llosa que advertía en los medios de comunicación venezolanos de lo caro que le iba a costar al pueblo venezolano su "equivocación" al elegir a Chávez.