SB-Noticias.- El prestigioso jurista grancanario José Manuel Rivero, entiende que es necesario interrogarse acerca de si el trágico accidente de Barajas se pudo haber evitado. “Estamos viendo en los últimos días una tendencia de que hay que resignarse, que lo ocurrido es una consecuencia de la estadística, de la fatalidad, y que no queda otra vía que la resignación... Esto no es así, debemos preguntarnos si se pudo haber evitado”, sentencia.

En su opinión, para que en un momento dado pueda hablarse de justicia y de aplicación de su valor en lo que respecta a la investigación y a la reparación a las víctimas del accidente y a los familiares, se hace necesario plantearse la cuestión de si el accidente era evitable, de si se adoptaron todas las medidas necesarias para que esto no hubiese tenido lugar.

Observa Rivero que tras el accidente se han producido algunas situaciones, como el aterrizaje en Málaga de una nave por un fallo técnico que le impedía llegar hasta Lanzarote, en las que se han extremado las precauciones en aras de que no exista riesgo de ningún tipo para la vida y la integridad de las personas. “Ha primado el respeto a la vida y a la integridad física de las personas ante cualquier otro tema”, señala.

En su opinión, lo ocurrido “no es consecuencia de la fatalidad, no es consecuencia del destino, sino de un modo de gestión del transporte público, concretamente el aéreo”. Recuerda que la misma mañana en que tenía lugar el trágico accidente, el sindicato de pilotos (SEPLA) denunciaba a través de un comunicado de prensa las condiciones de trabajo de los técnicos, los operarios y los  pilotos, haciendo referencia incluso a presuntas presiones y amenazas para transgredir las normas, incluyendo vulneración de límites de actividad, violación del régimen de días libres y vacaciones, de los convenios colectivos y de la legislación vigente.

“No se puede en estos momentos caer en esa circunstancia de resignación, de fatalidad, de las estadísticas, [...] Hay que dar a la gente conciencia de que desgraciadamente, con el transporte público lo que está en juego es nuestra vida, nuestra integridad física, y eso requiere inexcusablemente que la administración pública priorice la salvaguarda de esos derechos”, dice.

A su juicio, con el Expediente de Regulación de Empleo presentado hace unas semanas por la compañía Spanair, a través del cual más de 1.000 trabajadores iban a perder sus puestos de trabajo, la empresa se iba a convertir en un “híbrido” de una compañía de bajo coste que la haría “más atractiva para los futuros compradores, a la vista de que varios con anterioridad al siniestro habían desistido”.

Según Rivero, a semejanza de lo que ocurre en Argentina, donde se intentan renacionalizar líneas aéreas, lo mejor para el transporte público es que su control se encuentre en manos públicas, como garantía de protección del interés general. “Está mejor en manos públicas que privadas... Hay que pensar que la administración pública siempre va a perseguir el interés general, social, y que priorizará la integridad física y la vida de las personas ante el beneficio económico”.