SB-Noticias.- El abogado José Manuel Rivero, destacado miembro de la Asociación Justicia y Sociedad, valora en los micrófonos de Radio San Borondón el Decreto que regulará el Régimen del Servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en las islas, del que tajante señala que es “un verdadero golpe a la democracia en Canarias”.

Recuerda el jurista que el pasado martes “vivíamos, sufríamos, ataques desde el poder político, concretamente desde la vicepresidencia del Gobierno de Canarias y del señor Soria en concreto”, con su petición “injustificada, insostenible, sin fundamento”, de prisión, multas e indemnizaciones de cientos de miles de euros a los periodistas Carlos Sosa y Francisco Javier Chavanel, por sus afirmaciones sobre el caso del chalet de Esquivel.

Según Rivero, se trata de “ataques a la libertad de expresión, ataque al derecho a la información”, y puntualiza que éstos se produjeron además con la absolución solicitada por parte del Ministerio Fiscal.

Hace mención, además, al “contexto de corrupción en Canarias, donde los partidos que hoy gobiernan, PP y CC, están veteados de casos de corrupción muy importantes y trascendentales: Teresitas (CC), Faycán, Góndola, Grupo Europa (PP)”.

Asimismo, señala la conformación del proyecto para constituir Canarias en la plataforma geoestratégica de agresión para el expolio de la costa occidental africana, donde existen importantes y sustanciosos recursos petrolíferos, minerales, energéticos: el Africom. Por último, cita otros proyectos que, afortunadamente, como es el caso del puerto de Granadilla, están hoy día supendidos por los tribunales.

Afirma Rivero que los medios de comunicación “son importantísimos hoy en lo que se refiere a la concienciación, a la información, a la formación que da lugar a la concienciación y a la organización” ciudadanas.

En este sentido, lamenta que fuera este miércoles 1 de julio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias, “este verdadero golpe a la libertad de expresión y al derecho a la información”, que es el Decreto para la regulación de las FM.

“Esto es un decretazo que va dirigido a conformar  [...] una dictadura mediática aquí en Canarias, para favorecer los proyectos geoestratégicos que tienen en las islas el imperialismo de los EE.UU., que tienen a su servicio a los comisionistas de la oligarquía corrupta que existe aquí en Canarias para enriquecerse de las adjudicaciones de estas contratas que le dan los poderes públicos, como puertos y aeropuertos”, sentencia el abogado.

“Para eso los medios críticos les estorban, como Radio San Borondón y otras radios. [...] Y dictan este decreto. Un decreto que es nulo de pleno derecho”, asegura. Explica el jurista que, cuando se trata de regular los contenidos de derechos fundamentales, como son el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, la Constitución Española, en el artículo 53.1. establece que tiene que hacerse por medio de una ley.

La ley es aquella  norma que emana de un Parlamento, de una asamblea legislativa, como en este caso el Parlamento de Canarias. Nunca pueden regularse contenidos que afectan a esos derechos fundamentales a través de decreto, que es una norma que no sale de una asamblea legislativa, sino del Gobierno. Esto está prohibido por la Constitución, dado que es una materia reseservada a la ley.

Es por ello que José Manuel Rivero manifiesta su asombro ante la publicación de este Decreto. Concluye el mismo que el Estatuto de Autonomía de Canarias establece que la Comunidad tiene competencia en materia de prensa y de radiodifusión para el desarrollo legislativo, (ley, Parlamento), y reglamentario de las materias de prensa y radiodifusión. “Lo lógico y lo normal es que  hubiese una ley de telecomunicaciones canarias. Y con respecto a esa ley que afectan a los contenidos de esos derechos fundamentales, después se hace el concurso, en un posterior decreto”, dice.