Hoy día uno de julio, en el Estado de ha producido un cambio sustancial como consecuencia de las directivas europeas que pretenden homogeneizar un mercado único en materia de electricidad para todos los países de la Unión Europea, por ello desde hoy era obligatorio dicha liberalización del mercado eléctrico, una medida que en definitiva significa que desde este momento todos los consumidores puede acudir a una empresa comercializadora a comprar la energía que hasta ahora veníamos recibiendo vinculados de alguna manera con carácter de monopolio a las empresas distribuidoras.

En este sentido lo que cambia fundamentalmente es que la comercializadora es una empresa y la distribuidora es otra, por tanto con esta liberalización del mercado eléctrico a partir de este 1 de julio cualquier ciudadano puede acudir a cualquier empresa comercializadora a contratar la luz que consume cada mes.

Francisca Luengo explica también que el sistema español en el tránsito de un sistema regulado como el que teníamos antes de hoy al sistema liberalizado, puesto en marcha a partir de hoy, ha querido que ningún colectivo salga perjudicado, estableciendo por parte del gobierno estatal, por un lado una tarifa que se llama de último recurso (TUR) para todos aquellos consumidores que no quieran acudir al mercado libre por medio del establecimiento de una frontera para aquellos que consuman menos de 10 kw, es decir, más de 25 millones de usuarios, que pueden quedarse con dicha tarifa TUR, permaneciendo pues como hasta ahora, aunque siempre está la posibilidad de acudir al mercado libre. Luego están aquellos que consumen más de 10 kw, pequeñas y medianas empresas que obligatoriamente tienen que acudir al mercado libre.

Añade la dirigente socialista que dentro de la tarifa de último recurso, el gobierno español, teniendo en cuenta la situación de crisis actual que estamos padeciendo, ha establecido que determinados colectivos o consumidores especialmente vulnerables por sus dificultades económicas puedan acceder a un bono social dentro de esta tarifa, dirigida fundamentalmente a cuatro sectores de la población siempre que la electricidad sea para consumo de la vivienda habitual y el titular del contrato sea una persona física.

Luengo reiteró que esta medida se ha puesto en marcha para que los colectivos de consumidores mas vulnerables no sufran las consecuencias de los posibles incrementos de la luz y se vean beneficiados y que, siempre que cumplan los requisitos expuestos, dichos colectivos son aquellos que tengan contratada una potencia inferior a 3 kw, las personas que viven con pensiones mínimas, las familias numerosas y en cuarto lugar, aquellas familias que por desgracia cuentan con todos sus miembros en paro.

Se trata pues de una medida de carácter social diseñada para favorecer a los colectivos más vulnerables, y que se estiman que en toda España en unos 5 millones, en Canarias alrededor de 300.000, e incidió nuevamente en que para poder acogerse a este bono social es necesario que los contratos eléctricos se hagan desde una vivienda habitual y que el titular del contrato sea una persona física, 300.000 hogares de Canarias que a partir de hoy verán congelada la tarifa hasta el 2012, previa solicitud.

Señaló que para tramitar este bono los pensionistas avisarán con un certificado de la Seguridad Social, las familias numerosas con el carnet que así lo certifica, las familias en paro con una declaración jurada de sus miembros de que están en paro y luego la compañía se encargará, a través de la Tesorería de la Seguridad Social, de comprobarlo. El bono social tiene una duración de dos años prorrogables por otros dos años, siempre que se cumplan los requisitos, cuando dejen de existir tienen la obligación de ponerlo en comunicación de la compañía suministradora porque de lo contrario se les aplicará una sanción.

Acusa al gobierno de Canarias de no informar suficientemente a la población, no se sabe por qué motivo, bien sea porque no está de acuerdo con la liberalización, bien sea porque pretende que siga el mismo sistema que hasta ahora ha venido rigiendo en Canarias, de tal modo que se perjudica a esos 300.000 hogares.