Gloria Gutiérrez informó en dicho acto informtaivo que la intención del PSOE es tratar de modernizar y democratizar los medios de comunicación públicos de las islas y dotarlos de instrumentos jurídicos que garanticen la independencia, pluralidad, transparencia y objetividad reforzando la presencia del control parlamentario para adaptarlos a la UE. Con esta propuesta se desbloquearía la renovación de los órganos que dependen de la Cámara, como el Diputado del Común, la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Consejo de Administración de la RTVC, que no han sido modificados desde las elecciones de 2007 y que, por tanto, re rigen por parámetros de las elecciones de 2003 en donde CC era la principal fuerza y el PSOE la tercera.

Según Gutiérrez, no es difícil adivinar qué queremos modificar, admitió la diputada que ahondó que su partido quiere que el nombramiento del director general que actualmente es realizado por el Gobierno sea por el Parlamento con una mayoría cualificada de tres quintos o dos tercios. Añadió que ello lograría un mayor consenso y que el escogido sea leal y obedezca al Parlamento y no al Gobierno como sucede ahora.

Asimismo explicó que el PSOE busca añadir un miembro más al Consejo de Administración con el propósito de desbloquear la renovación de todos los órganos. El Gobierno apoyando la proposición demostrará si hay voluntad de aplicar el pluralismo político en la televisión y si no aceptan se retratarán.  

Gutiérrez aclaró que la suma de un nuevo consejero no acarreará más gastos al tiempo que aseguró que no hay que escatimar en democratizar el archipiélago. Además apuntó que los miembros del Consejo sólo cobran dietas y que éstas rondarían los 60 euros y se reúnen pocas veces al año.  

De igual forma, Gutiérrez recordó que la actual norma data de 1984 y que fue en 1998 cuando se creó Televisión Canaria. A pesar de ello aclaró que se han incumplido algunos artículos de la legislación como la creación de "órganos de participación" o el consejo asesor en el que estarían representados ayuntamientos, cabildos y el mundo de la cultura. "La excusa es que no hay fondos", añadió para exponer que en 2009 se cuenta con un presupuesto de 58 millones de euros.

La parlamentaria insistió en que se busca "independencia" y que RTVC "recupere" su carácter de servicio público "conciliando rentabilidad con programación con fines sociales, que actualmente brillan por su ausencia". Para ello adelantó que en el próximo periodo de sesiones de la Cámara presentarán una propuesta de ley alternativa a la actual. También habló de la independencia de los profesionales e informativa. "Actualmente los informativos parecen un Nodo donde la primera parte sólo hay sucesos escabrosos y en la segunda son una loa a Paulino Rivero".

La propuesta del PSOE que se presentará tras el verano contendrá que el Parlamento apruebe "mandato marco" que contemple las líneas generales de la programación y se pueda controlar el presupuesto y los gastos. "El contrato lo firmará el Gobierno y Televisión Canaria, pero será obligatorio un informe favorable del Parlamento", dijo.

Por su parte, el portavoz Santiago Pérez insistió en que el objetivo "preciso" es la renovación de los órganos de "relevancia estatuaria". Recalcó que actualmente éstos cuentan con una legitimidad que data de 2003 y que se quiere la implicación de CC y PP para que se dé la modificación deseada. Aquí reconoció que ha sido el Consejo de Administración de RTVC "el tapón" en las negociaciones.

Por ello expuso que con la ampliación hasta 9 de los consejeros se logrará que su partido cuente con 4 miembros como es su pretensión. Expuso que actualmente hay ocho integrantes --4 de CC y NC, 2 PSOE y 2 PP-- y que con tres miembros, que es la propuesta de CC y PP, su partido igualaría la cifra tiendo 26 diputados que disponían los nacionalistas con 23 escaños.

Sobre el nuevo modelo de ley que quiere el PSOE, Pérez indicó que será similar al de Televisión Española. También señaló que los consejeros de la RTVC sean elegidos para un mandato de cuatro años que no tiene coincida estrictamente con las legislaturas y además exige que el director general sea un profesional reconocido.