SB- Noticias.- Representantes de los sindicatos STEC-IC, EA-Canarias, UCPL y FETE-UGT analizaron la situación de la Enseñanza Pública en Canarias y las alternativas de futuro el pasado martes 17 de noviembre en la Sala San Borondón de La Laguna. Fernando Pellicer (STEC-IC), Domingo Méndez (EA-Canarias), Nieves Alonso (UCPL) y Ángel Dorta (FETE-UGT) ofrecieron su diagnóstico de la política educativa del Gobierno canario, que está siendo objeto de una drástica reducción de su dotación presupuestaria.

El representante de EA-Canarias afirmó que «la señora Luis Brito se sintió muy triste el día 30 de enero de 2008 cuando el 80% de las docentes y los docentes votaron en contra de un nuevo convenio retributivo por el cual se podía cobrar más una vez pasado un determinado número de años, según un esfuerzo que siempre suponía un aumento del horario de trabajo.

Esta señora, que se lamentó tanto de este asunto, recientemente, al presentar la parte de los presupuestos que corresponden a Educación y que se reducen en treinta y pico millones de euros, lo que te dice es que no se van a reducir las sustituciones y que se va a atender igualmente al alumnado, etc. Lo que nosotros sí que sabemos es que se han realizado menos contrataciones de sustitución, que hay centros donde, en Secundaria, si no han pasado 15 días, no llega nadie a dar clase para cubrir el puesto de una profesora o profesor que esté de baja por la razón que sea; y que en Primaria, de lo que se trata es de que los profesores se repartan a los alumnos como se hizo tradicionalmente. Incluso, está pasando que en Secundaria se está diciendo que, en el caso de falta de algún profesor de alguna materia, los miembros del departamento que den clase a esa hora al mismo nivel, tendrían que repartirse al alumnado.»

Domingo Méndez expuso que «el presupuesto en Educación desciende en treinta y tantos millones de euros y que, por ejemplo, en cuestiones tan graves como son las necesidades educativas especiales, el diagnóstico de alumnos con esas necesidades y que debería hacerse desde prescolar, ahora se diagnostica si hay dos ciclos de retraso con respecto a la edad biológica. Eso significa que el alumno diagnosticado como educación especial resulta que ya no hay modo ninguno de que pueda alcanzar un nivel dentro del periodo de escolarización normal, es decir, hasta los 16-18 años. Lo que ocurre es que ha perdido una cantidad de años, cuatro cursos, antes de que se dictamine o se diagnostique para que pueda recibir otro tipo de atención. Eso es lo que está ocurriendo ahora.»

«Por otra parte, los profesores orientadores, en el caso de que falte un profesor por lo que sea, si no es más de tres meses no se sustituye, pero es que puede ocurrir también que pasen tres meses y tampoco se sustituya», afirmó Domingo Méndez, quien continuó apuntando que «además, tanto a orientadores como a profesores de pedagogía terapéutica puede ocurrir que se les diga que tienen que asesorar a un centro concertado. A ellos, que son funcionarios que cobran de la administración pública se les ordena una cosa de estas para atender centros concertados. Se ha dado el caso. Y además, puede pasar, por ejemplo, que un profesor de pedagogía terapéutica tenga que ir a una aula enclave porque no hay profesor para esto, cuando se tiene a grupos de tres o cuatro alumnos por hora para atenderlos; o que un profesor normal y corriente tenga que coger los alumnos de aula enclave o de pedagogía terapéutica.»

Para el representante de EA-Canarias, «estas situaciones se dan porque se reduce el gasto. Ya se ha planteado que el gasto en personal, como mínimo, por departamento, sea de 1,5% y se insiste en que el gasto de personal se reduzca en esa cantidad o más, fundamentalmente en sanidad y educación. Eso se ha hecho con un acuerdo secreto que nosotros conocemos por simples filtraciones con fecha de 7 de julio pasado. Ese acuerdo secreto se refleja luego en una mesa general de la función pública del 22 de octubre pasado en el que el señor Soria, en nombre del Gobierno de Canarias, plantea la reducción del 1,5% en gastos de personal, plantea la necesidad de disminuir personal, plantea que no se van a pagar los meses de verano a los profesores sustitutos de la administración (antes se pagaba si tenían cinco meses y medio de prestación del servicio durante el curso); plantea una cantidad de cuestiones que significan una reducción del gasto realmente sustancial del Gobierno de Canarias, que va a afectar, de forma especial, a la Sanidad y a la Educación.»

«Estamos –dicen– en una situación de crisis y de necesidad de austeridad», explica Méndez, «y resulta que en una situación de crisis y de austeridad lo que debería primar, en todo caso, es la atención a las personas que están en peores condiciones y procurar salvaguardar el sistema sanitario y educativo para compensar esa situación. Y, además, que el gasto personal se mantuviese porque aumentar más el paro significa disminuir más la demanda, lo que hace que más empresas acaben teniendo que cerrar, pequeñas empresas comerciales, pequeños agricultores o ganaderos que no tienen posibilidad de vender su producción porque no hay demanda porque no hay quien cobre.»

Según Domingo Méndez, «en esas condiciones, el Gobierno de Canarias ha optado por reducir el presupuesto en aspectos clave como, a la vez, en esos mismos departamentos no reducir sustancialmente para entregar a empresas con las que concierta en sanidad y en educación. De lo que se trata es, aprovechando que hay una crisis, de decir: vamos a seguir con el proyecto de externalizar servicios y de que sean empresas privadas las que ocupen esto y, ademas, subvencionadas. Y lo justifican diciendo que no hay recursos, que no hay medios, pero sí que mantengo esas subvenciones en sanidad y educación.»

Lo peor no es esto, lo peor es lo que puede venir, explica el representante de EA-Canarias, quien plantea que «si ahora son capaces de aprobar una ley de presupuestos sin que haya una respuesta social importante, luego podrán iniciar tandas de despido, empezando por personal que está en situación de eventualidad, los llamados laborales temporales de la administración, personal funcionario interino en las distintas consejerías, para pasar luego, incluso, a plantear la necesidad de reducción de funcionarios.»

Méndez explicó que «desde que en el año 1996 Coalición Canaria empezó a reducir porcentualmente la cantidad dedicada al presupuesto educativo, al tiempo que se reduce, aumenta el fracaso escolar. Si tomamos en consideración que las reformas educativas a lo que dan lugar, entre otras cosas, es a aumentar el número de alumnos en el sistema educativo a partir de los 13-14 años (la reforma sustancial con la Logse fue aumentar de 14 a 16 la enseñanza obligatoria y crear la nueva Formación Profesional), antes se desviaba a buena parte del alumnado a los 14 años a FP o se salía fuera del sistema, y ahora todos siguen en el sistema hasta los 16 años. De lo que se trata es de la necesidad de más recursos para atender a esos alumnos. Ahora lo que se está haciendo es disminuir los recursos, de tal manera que la enseñanza pública se convierte cada vez más en un especie de corralito para tener a los chicos entretenidos mientras aumenta el fracaso escolar. Además, se plantea que la responsabilidad de ese fracaso recae sobre el profesorado como con frecuencia nos recuerdan desde la administración pública, sin tomar en consideración lo que es tener alumnos en muy distinto nivel, el aumento de las ratios, no tener diagnosticados a los alumnos de educación especial, etc. En estas condiciones, lo que está claro es que el fracaso seguirá aumentando.»