Rivero considera “sangrante” las multimillonarias sentencias condenatorias al gobierno de Canarias y “de una desfachatez, de un insulto y de una agresión contra la clase trabajadora sin precedentes”. Explica que al ser recientes estos hechos que implican la pérdida de muchos millones de euros en cuestiones en las que ha estado implicado José Manuel Soria “mejor se estaría calladito” porque “la Ley de segunda moratoria ha dado lugar a una legalización del saqueo en Canarias”.

El prestigioso abogado advierte que esta segunda Ley de Moratoria Turistica de mayo de 2009 permite que los constructores y promotores hayan presentado reclamaciones de indemnización por lucro cesante por una suma superior a los 830 millones de euros, un “saqueo legalizado que clama al cielo”.

El portavoz de Justicia y Sociedad considera que Soria “trata de tapar ese saqueo legalizado” arremetiendo contra la clase trabajadora, contra los empleados públicos, a quienes se atreve a acusárles de defraudar con las bajas por depresión y opina que con este tipo de enfermedades no se puede jugar, porque son muchas las personas que la padecen, enfermedad que lleva en bastantes ocasiones de que las personas tomen decisiones fatales, como el suicidio.

Desde su punto de vista, “si estos empleados públicos tuvieran lo que Soria ha tenido, desde viajes gratis en aviones privados, festivales musicales, viajes acompañando a oligarcas a la pesca del salmón, estancias gratis en hoteles de lujo, seguramente la mayoría de los que padecen depresión no la sufrirían al tener ese entorno y esas facilidades que el vicepresidente del Gobierno ha obtenido”.

José Manuel Rivero asegura que este tipo de ataques realizado por Soria contra los trabajadores públicos “no es propio de un demócrata”, no es propio de un dirigente elegido por el pueblo para que gestione los recursos públicos “estar siempre del lado de los poderosos y atacar como lo ha hecho a las clases más desfavorecidas”, solamente para “tratar de ocultar lo que ha provocado con su partido y con Coalición Canaria a la legalizar lo que es un saqueo multimillonarios a las arcas públicas en Canarias, que ya van por esta segunda Ley de Moratoria en reclamaciones de empresarios y promotores de la construcción de 830 millones de euros”.

Afirma que en esta Ley hay aspectos muy graves que suponen esta sangría para las arcas públicas canarias, que suponen el deterioro de las políticas sociales tan esenciales en tiempos como los que corren, teniendo en cuenta los altos índices de pobreza existentes, las tasas de paro tan elevadas, el déficit en Educación y en Sanidad.

En este sentido, expone que esta Ley de segunda moratoria es desde su óptica profesional “claramente inconstitucional” y aclara que echa de menos que “esta Ley que ha posibilitado que hoy reclamen empresarios y constructores al gobierno de Canarias cerca de 830 millones de euros no haya sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, legitimado por la propia Ley para hacerlo, y se haya dejado pasar esta Ley para que legalice este saqueo al que se está viendo sometido las arcas públicas por unos presuntos derechos de edificación que tenían sobre unos suelos que alegan que en principio eran turísticos, pero que con esta nueva Ley han sido desclasificados y llevados a la clasificación de rústicos” lo que está conllevando a “indemnizaciones de lucro cesante que llegan a las astronómicas cantidades referidas anteriormente”.

Desde su punto de vista, “esta Ley choca contra la constitución española porque el derecho de la propiedad no es un derecho absoluto” ya que por el artículo 33 de la Constitución “debe tener una función social”, además de que el artículo 45.2 “establece que la restauración del medio ambiente se tiene que apoyar en una indispensable solidaridad colectiva, que las plusvalías tienen que revertir en el conjunto del pueblo” y, por tanto, “son principios que limitan la propiedad en la Constitución española, mientras que esta Ley lo constituye en un derecho absoluto y propicia este saqueo a las arcas públicas”.