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Campos recuerda que el PGOU de Santa Cruz es un ejemplo de impunidad e ilegalidad manifiesta en donde el ayuntamiento “roba sus derechos a vecinos humildes en favor de los poderosos” PDF Imprimir E-Mail
martes, 01 de diciembre de 2009

Asegura que los grandes poderes económicos son los beneficiarios de este PGOU de Santa Cruz, con una campaña “en la que pretenden hacernos creer que el interés general es el interés particular de estos empresarios”

SB-Noticias.- El abogado Felipe Campos, portavoz de la Plataforma contraria a la corrupción que subyace en el proyecto de PGOU de Santa Cruz de Tenerife que pretende aprobar el equipo de gobierno municipal, analizó para el programa La Trapera de Radio San Borondón, las novedades en torno a este polémico planeamiento de la ciudad, que deja fuera de ordenación a miles de chicharreros y que beneficia a poderosos empresarios del entorno de ATI-CC y se pregunta cómo es posible que el ayuntamiento no se haya dedicado a explicar la realidad del Plan a los vecinos, “porque el hecho de que muchos vecinos se queden fuera de ordenación es un problema generalizado por toda la ciudad” y, por tanto, “es un verdadero escándalo que se haya hecho de este modo, que se haya hecho conscientemente y que se pretenda seguir adelante pese a la denuncia de la Plataforma”.

Explica que difícilmente será posible cuantificar el número de vecinos de Santa Cruz de Tenerife que se verán afectados por este PGOU, lo que sí parece claro es que son miles los habitantes de la ciudad “que han sido robados en sus derechos en sus derechos económicos y urbanísticos por excelencia en este Plan General” un hecho que “se ha hecho conscientemente por parte de la Gerencia de Urbanismo y los redactores”.

El abogado considera todo lo que rodea al planeamiento urbano de Santa Cruz de una gravedad extrema, porque todo este daño “se ha hecho intencionadamente”, teniendo en cuenta que se ha ocultado la realidad del PGOU “porque por mucha información que haya habido, lo cierto es que los vecinos lo desconocen” algo que al ayuntamiento le consta que ha sido así, porque recuerda que cuando explota el tema de La Florita aducen a que se trata de un error “cuando sabían que no era un error”, ya que incluso “varios edificios próximos y con la misma razón también habían sido hurtados sus aprovechamientos y no se dice nada absolutamente, además advierten que lo de La Florita se va a rectificar y aún no se ha rectificado”.

Felipe Campos asegura que la realidad indica que este comportamiento se ha hecho de forma generalizada en toda la ciudad, “los aprovechamientos se han robado, las plantas se han eliminado para los vecinos de Santa Cruz consciente e intencionadamente” una situación que considera “absolutamente increíble” que sin perjucio de nulidad por muchos motivos “imposibilita este PGOU, hay que echarlo atrás y hay que hacer un nuevo Plan que recoja a todos los vecinos de Santa Cruz, porque todos son iguales ante la ley y todos merecen la defensa de sus intereses íntegramente”.

Desde su punto de vista, con este PGOU “los vecinos de Santa Cruz han sido cercenados y robados en sus aprovechamientos” una situación indignante, por lo que opina “que estamos ante una realidad que tumba el Plan General” pero al mismo tiempo, señala que “vemos que este tema de una trascendencia impresionante, porque vecinos de esta ciudad, humildes en su gran mayoría, han sido pisoteados por parte del ayuntamiento y por los redactores, hay muchos medios de comunicación que omiten este tema”, y añade que “hay comunicadores de radio en cadenas de gran difusión que no hablan de este problema” una realidad preocupante, porque observa “que los poderes económicos, que son indirectamente los grandes beneficiados en esta actuación, consiguen que un tema tan grave porque se roban directamente los aprovechamientos de los vecinos no sea una cuestión de conversación absoluto de denuncia permanente”.

Opina que si la Plataforma no hubiera denunciado esta realidad “se habría aprobado sin más este Plan General sin que los vecinos supieran lo que se les viene encima” porque la información difundida a los vecinos ha sido sesgada e interesada y los ciudadanos “no sabían que les habían cercenado sus derechos económicos, privando a muchos vecinos de su planta”.

El prestigioso abogado se pregunta cómo es posible que el ayuntamiento no se haya dedicado a explicar la realidad del PGOU a los vecinos, porque es un problema generalizado por toda la ciudad y, por tanto, “es un verdadero escándalo que se haya hecho un PGOU de este modo, que se haya hecho conscientemente y que se pretenda seguir adelante pese a la denuncia que ha hecho la Plataforma”.

Campos explica que nada le sorprende en torno a este Plan, porque ya sabe cómo funciona este régimen y este sistema, porque recuerda que siempre ha dicho que más con la ilegalidad con la que se actúa, lo que más le llama la atención es la impunidad manifiesta, notoria y con la cara descubierta con la que están actuando, porque este PGO “es un ejemplo en el que vemos que se ha robado sus derechos a vecinos humildes y no se hace absolutamente nada, ni se reacciona e incluso parece que se pretende seguir adelante”.

El trabajo a realizar en estos momentos debe ser a pie de calle para explicar a los vecinos en qué les afectará este Plan, para movilizar a los ciudadanos y decir “hasta aquí hemos llegado a los políticos, porque el régimen está trabajando para obviar este tema, intentar silenciar el problema, que no se hable para nada de él, buscando apoyos políticos para aprobar esta infamia” dijo Felipe Campos, quien mostró su convicción de que ante tales evidencias, nadie en el PSOE, en Ciudadanos y en el PP aprobará este documento, “porque nadie puede consentir ni las flagrantes ilegalidades con el PIOT, confirmadas con la sentencia de El Varadero, las directrices o la utilización fraudulenta del Plan para legalizaciones de ilegalidades consentidas, sino además este pisoteo a los derechos de los vecinos de sus derechos urbabísticos hecho conscientemente”.

Asegura que los grandes poderes económicos son los beneficiados por este PGOU de Santa Cruz, puesto que es una evidencia que “son los únicos beneficiarios” con una campaña “en la que pretenden hacernos creer que el interés general es el interés particular de estos empresarios”.
 
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