SB- Noticias.- El pasado mes de octubre se aprobaba por unanimidad en el Parlamento de Canarias el proyecto de ley para la regulación de la ubicación de antenas de telefonía móvil, a raíz de la iniciativa popular presentada en 2006 por Los Verdes de Canarias, suscrita por más de 26.000 firmas. Pero el proyecto de ley elimina prácticamente en su totalidad el contenido de aquella ILP, favoreciendo los intereses de las potentes multinacionales de la telefonía móvil y dejando indefensa a la población canaria.

Hace unos días tuvo lugar en la Sala San Borondón de La Laguna una nueva Asamblea abierta de afectados por las antenas de telefonía móvil, en la que participaron, entre otros, Arturo Méndez (experto en radiología) y Antonio Porras y Antonio Barroso, miembros de la Plataforma de Afectados por las Antenas de Telefonía Móvil-PLAMOCAN.

En el transcurso de su intervención, Arturo Méndez afirmó que «los posibles daños de las radiaciones de los campos electromagnéticos están basados, básicamente, en un razonamiento que todo el mundo entiende y es que las personas somos sistemas naturales electromagnéticos, nosotros funcionamos mediante microcorrientes eléctrica. Por lo tanto, cualquier tipo de interferencia artificial sobre nuestro sistema electromagnético, que es delicado, muy sensible, muy sutil. Evidentemente tiene que producir una alteración.»

Según este experto en radiología, «las razones que nos llevan a oponernos a este tipo de instalaciones son razones mucho más serias que cualquier otro tipo de razones que pueda haber (de tipo económico, laboral, etc.) detrás de este tipo de instalaciones, porque nuestras razones tienen que ver con la salud de las personas.»

«Respecto a los campos electromagnéticos, los seres vivos tienen distintas sensibilidades», explicó Méndez, quien añadió que «esto significa que, quizás, toda la evolución normativa y toda la lucha en este aspecto siempre puede tener, por parte de los que defienden la instalación sin ningún tipo de criterio de este tipo de antenas, la justificación, se pueden apoyar siempre en personas que no sufren los efectos. Pero la realidad es que esos campos electromagnéticos nos afectan, digan lo que digan. Hay muchas pruebas ya.»

En cuanto a cómo está la situación actualmente, Arturo Méndez se refirió al «tremendo varapalo que se llevó la iniciativa legislativa popular en el Parlamento» y afirmó que la iniciativa legislativa popular «fue firmada por 26.000 ciudadanos, aunque podían haber sido muchísimos más con algo más de tiempo y explicando las cosas bien.»

Asimismo, Méndez abogó para que se contemple el principio de precaución, «un principio que está ya aceptado y contemplado en un montón de legislaciones en el mundo, especialmente en Europa [...]. Ese principio de precaución no se adoptó en el texto en el que acabó convertida la iniciativa legislativa popular de la mano de tres diputados. No olvidemos que en el fondo este es un tema más que pasa, como otros tantos, por sus manos y que a lo mejor sólo le han dedicado unos minutos o unas horas.»

Según Arturo Méndez, «este ejemplo –como tantos otros que ha habido– debe llamar a la reflexión de los ciudadanos, sin entrar en radicalismos, sin alborotos, sin agresividad alguna. Simplemente reflexionar sobre que un asunto sobre el que muchísima gente (institutos internacionales de probada solvencia, estudios epidemiológicos de grandes dimensiones, el informe que está a punto de salir de la Organización Mundial de la Salud y gran cantidad de experiencias personales) [...] ha advertido, debiera haber hecho reflexionar a sus señorías. No lo han hecho y hay muchas razones para ello (desconocimiento, intereses que pueda haber detrás...).»