El coordinador de Izquierda Unida en Tenerife afirma que «a partir de esa financiación y de cumplir con las nuevas exigencias legales, la empresa obtendrá sus beneficios»

«Es como si yo le pido dinero prestado al banco para comprarme una casa, me la compro, devuelvo el préstamo, pago los intereses y luego regalo la casa», afirma Trujillo

SB. Noticias.- Ayer tuvo lugar un encuentro de EMMASA con los medios de comunicación en la que, entre otras cosas,  su consejero delegado, Álvaro Aguirre, afirmó que si no se hace nada, el agua que hoy beben los ciudadanos de la capital tinerfeña no sería considerada potable en el plazo de un año. Esta circunstancia vendría dada por la entrada en vigor de nuevas exigencias legales en relación a diversos parámetros relativos a la calidad del agua, en especial aquellos relacionados con la turbidez.

Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife (IU), analizó esta situación en el programa «La Trapera»  de Radio San Borondón afirmando que responde «a la lógica de haber privatizado los beneficios y mantener socializados las pérdidas. Ya se sabía que la inversión de más de 100 millones de euros había que hacerla, hay que adelantarla porque ya estaba establecido que había que mejorar los estándares de calidad del agua. Lo que hay ahora mismo es una presión para que, con fondos públicos, se financien esos costes de inversión. A partir de esa financiación y de cumplir con las nuevas exigencias legales, la empresa obtenga sus beneficios.»

«Nosotros hemos denunciado siempre que lo de EMMASA es algo que carecía de ética y de estética por la simple razón de que la venta de la concesión de la distribución del agua de Santa Cruz durante 25 años significó para el Ayuntamiento de la capital tinerfeña ingresar 60 millones de euros, para la empresa que  se quedó con la concesión pagar 60 millones de euros», señaló Trujillo.

Según el coordinador de IU en Tenerife, «nosotros siempre dijimos que, lo lógico, si el Ayuntamiento quería 60 millones de euros, era pedir un préstamo a un banco, porque los ciudadanos íbamos a tener que pagar los 60 millones como un impuesto adicional más los intereses, pero luego no quedábamos con la empresa, en lugar de hacer como ha decidido el alcalde de Santa Cruz y su grupo de Gobierno que es que los ciudadanos vamos a pagar también los 60 millones de euros a través de la factura del agua o con impuestos para que la empresa pueda recuperar el dinero que invirtió más los beneficios, y una vez que hayamos pagado esos 60 millones de euros, lo que ocurrirá es que ya no tenemos empresa. Es como si yo le pido dinero prestado al banco para comprarme una casa, me la compro, devuelvo el préstamo, pago los intereses y luego le regalo la casa. Eso es algo que nunca se hace en el ámbito privado.»

Trujillo señaló que es un caso «de ciencia ficción porque si el Ayunatmiento necesitaba dinero había algo mucho más fácil que privatizar la distribución de agua durante 25 años en Santa Cruz de Tenerife y que era, simplemente, exigir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, en lugar de pelear para que no se cumpla, y que obliga a que se le devuelva al municipio de Santa Cruz todo el dinero que se pagó de más, los miles de millones de las antiguas pesetas que se pagaron de más por el frente de playa de Las Teresitas. Esa es una política que demuestra que al final, con estas privatizaciones los ciudadanos pagamos más, habrá que subir el precio del agua, perdemos, perdemos recursos, perdemos una empresa valiosa cuando los aspectos rentables los perdemos los ciudadanos y se los quedan los adinerados beneficiarios de estas privatizaciones. A mí me recuerda a esa otra privatización que ha salto en estos días a los titulares de la prensa y que fue la de Pamarsa, la empresa de restaurantes y de ocio de Puerto de la Cruz.»