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Pedro Molina (AGATE) afirma que la Política Agraria Común implica una doble moral que beneficia claramente a las grandes multinacionales en perjuicio de los agricultores y ganaderos PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 23 de diciembre de 2009

Molina cree que suspender las producciones europeas para abastecerse de los mercados como el  latinoamericano o el africano no tiene la finalidad de generar riqueza en todos estos países sino para que las empresas multinacionales, principalmente de capital europeo, que se establecieran allí se hicieran más ricas explotando sus recursos y a las personas

SB- Noticias.- Ayer tuvo lugar en la Sala San Borondón de La Laguna una interesante charla-coloquio sobre «La agricultura y la ganadería en Canarias. Presente y futuro» en la que intervinieron Pedro Molina (AGATE), Miguel López y Juan Hernández (COAG-Canarias), Antonio Bello (CSIC) y Francisco Cabrera (Asociación Cumbres Grancanarias)

En el transcurso de su intervención, Pedro Molina, presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE) hizo referencia al «abastecimiento que tienen todos los mercados del territorio comunitario por esa intención que tuvo la Unión Europea de Política Agraria Común, de abastecernos de los mercados internacionales de esa palabra que aunque parezca bonita no lo es, la globalización. Se ha confundido bastante más a todos los consumidores y confundido mucho a las economías de esos países.»

Molina señaló que «hace poco hubo un encuentro en Sevilla en el que había 43 países de Iberoamérica para crear la Red de Desarrollo Rural de Iberoamérica. De uno de los países, del interior de Uruguay, había cinco personas que habían traído todo el dinero que pudieron reunir entre todo el pueblo para poder estar en las reuniones que duraron tres días, toda una fortuna que ascendía a 30 euros. Lo que nos decían es que en el interior de su país, donde hay cinco habitantes por kilómetro cuadrado, la familia que tenía el ingreso diario de 50 céntimos de euro tenía garantizada la comida. Lo que quiero decir con esto es que la globalización, que parecía muy bonita, suspender las producciones europeas para abastecerse de todos esos mercados no era para crear riqueza en todos estos países sino para que las empresas multinacionales, principalmente de capital europeo, que se establecieran allí se hicieran más ricas explotando todos aquellos recursos y a todas aquellas personas. Ahora se ha demostrado que en esos países no solamente se explota a los seres humanos sino que no existe ninguna de las exigencias higiénico-sanitarias que sí se exigen en el territorio comunitario.»

«Cuando ocurrió lo de las vacas locas y se demostró que los animales no deben comer harinas de carne, se produjo una crisis económica muy grande entre todos los productores de pollos de engorde porque la harina de carne era muy barata y había que sustituirla por la proteína vegetal, y la única proteína vegatal es la harina de soja, que se produce en países como Brasil, pero toda la producción está comprada por unas cuantas multinacionales norteamericanas que cotizan en bolsa y hacen fluctuar los precios en Chicago como ellos quieran», apuntó Molina, quien explicó que a modo de ejemplo que «un kilo de soja cuesta hoy tres veces más del lo que valía hace cinco años. Pero en esos países no está prohibido el uso de las harinas de carne en la alimentación de los animales. Con lo cual, ahora mismo en Europa, en Tenerife, usamos para alimentar a los pollos harina de soja que se produce en Brasil, y después se importan 33 millones de kilos de carne de pollo congelada que viene desde Brasil aliementados con harinas de carne, ya que allí no está prohibido. Eso implica una doble moral, un doble rasero, ya que se prohibe en el territorio comunitario por el bienestar de sus habitantes, por su seguridad alimentaria se siguen una serie de normas de control, como es la higienización de las harinas. Las harinas que comen los animales desde hace cuatro años llevan un sustancia que son capturantes de toxinas y que hacen que cada kilo de harina que se produzca valga en torno a 4 céntimos de euro más. Pero en países como Brasil eso no existe, es decir, los animales pueden venir de la forma que sea. La identificación individualizada de cada uno de los animales de la especie bovina requiere un sobrecoste para los ganaderos impresionante y en esos países no existe. La puesta en funcionamiento de la Ley de Bienestar Animal exige que los ganaderos hagan unas inversiones multimillonarias. Por ejemplo, los que se dedican a las gallinas, en las naves que están construidas sólo podrá haber, a partir del 1 de enero de 2012, el 50% de existen en la actualidad, pero la inversión de jaulas que hay que hacer es tan grande que hay que cambiarlo todo. Con lo cual, la empresa que antes se dedicaba a producir 50.000 huevos al día, dentro de 2 años sólo podrá producir la mitad, pero los gastos de estructura son los mismos. Lo que va a pasar es que ahora somos autosuficientes en huevos hasta en un 95% de la producción y apartir del 1 de enero de 2012 nuestra producción de huevos caerá en un 50%. Pero pueden venir huevos producidos de Marruecos perfectamente sin ningún tipo de control y puede haber una persona trabajando que no cumple con ninguna de las garantías que se tiene aquí. Entonces, lo que interesa es que el huevo, si se produce aquí, esté dentro de la la Ley de Bienestar Animal y dentro de todas las obligaciones comunitarias, pero si viene de fuera no pasa absolutamente nada.»

Para el presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE), «hay un ejemplo de esto clarísimo con el azúcar. En las islas Canarias consumíamos 60 millones de kilos de azúcar que tenían como origen Alemania y España, y se traía de países terceros algo más de 500.000 kilos de azúcar. Ahora vienen 650.000 kilos de la Unión Europea y 60 millones de kilos de esos terceros países.»

Pedro Molina afrimó asimismo que «cuando oía al anterior ministro de Agricultura, Arias Cañete, quejándose de lo que está pasando ahora, me venía a la memoria que cuando el era ministro de Agricultura se cerraron 8 plantas en España, 8 empresas que se dedicaban a procesar remolacha. Pero la política Agraria Común lo que hizo fue invitar a todas esa gente a que se fuera, a que dejara esa actividad porque había que conseguir que consumieramos lo que se produce en otros sitios.»

 
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