El representante sindical afirma que el Gobierno de Canarias pretende mermar aún más los medios materiales y humanos con los que deberían contar servicios esenciales como la administración pública, la sanidad y la educación, indispensables para poder prestar un buen servicio a la ciudadanía

SB- Noticias.- El pasado martes 15 de diciembre tuvo lugar en la Sala San Borondón de La Laguna la charla-coloquio «Los funcionarios de la Comunidad Autónoma ante las políticas del Gobierno canario» en la que participaron los representantes sindicales Ángel Dorta (UGT) José Alonso Rodríguez Tapia (CC.OO.), Pablo Jerez (IC) y Meri Pita (Cobas).

En el transcurso de la charla, José Alonso Rodríguez Tapia, Secretario General de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CC.OO. Canarias señaló que «son problemas permanentes los que tenemos los trabajadores públicos con este Gobierno» y se refirió a «dos iniciativas que ha tenido el Gobierno y que nosotros calificamos de agresiones. Una de ellas es la famosa orden de regulación de los listados de contratación del personal temporal con la que se pretende unificar y ordenar a dos colectivos de trabajadores muy distintos, con condiciones laborales muy diferentes. Se trata de una orden que es absolutamente imposible de regular en la forma en que pretenden hacerlo las consejerías de Sanidad, Educación y Presidencia. Esto, en definitiva, viene a significar que al disolverse los listados de contratación actuales con la próxima convocatoria de plazas y crear unas nuevas en base a como le salga a los trabajadores el examen de oposición, de tal forma que quien no apruebe el examen –no hablo del examen a plaza fija, que es otra cosa– de acceso a entrar en una lista de contratación temporal, se va a su casa sin ninguna otra consideración. Desde nuestro punto de vista esto es una barbaridad, es desechar lo que tiene de valioso la experiencia y la formación adquirida por el trabajador a lo largo de años de trabajo. Esto no se va a tener en cuenta porque lo que primará será su conocimiento teórico e inmediato de su materia de trabajo.»

Según Rodríguez Tapia, «junto con los listados de contratación, el otro factor que nos lleva a movilizarnos es la propuesta de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, en cuanto al impacto que tiene sobre los servicios públicos y sobre los trabajadores públicos, en cuanto a lo que tiene de impacto y de agresión hacia estos. No estamos, ni siquiera, considerando que se trata para los trabajadores públicos de una subida salarial menguada, raquítica, en comparación con los restantes trabajadores del resto del Estado. Aquí se sube un 0,3% solamente en salario base y trienio cuando en el resto del Estado se suben todos los complementos salariales. No estamos considerando ni tan siquiera que anulan determinados aspectos de pactos con los sondicatos y que suponen una serie de derechos consolidados con los años y que, simplemente, se desprecian y no se toman en consideración, como son los días adicionales de permiso, las ayudas sociales, las ayudas por estudios, etc., que afectan directamente a los derechos consolidados que tienen los trabajadores públicos.»

«Desde nuestro punto de vista», afirmó el dirigente sindical, «lo que cierra el ciclo, lo que realmente es la guinda del pastel, es no solamente eliminar el complemento salarial del funcionario que esté de baja laboral con la excusa de que se trata de un control del absentismo –esa excusa es una simple mentira–, sino de no sustituir al que se ausenta. Ninguna ausencia se quiere cubrir, sea por baja, sea por vacaciones, sea por un permiso, y ninguna vacante se va a recuperar tampoco. Un trabajador que se jubile o que pida traslado a otra comunidad no será sustituido ni cubierta su plaza. Obviamente, esto sí repercute gravemente en la prestación del servicio público, en el caso de la sanidad con más inquietud aún. En un servicio cualquiera, de cualquier hospital de estas islas, un trabajador que se lesione, que quede en situación de incapacidad temporal no será sustituido y su labor tendrá que ser asumida por sus compañeros. De tal forma que la carga de trabajo, que ya es hoy por hoy abrumadora porque las plantillas son escasísimas, obviamente el sobresfuerzo recaerá sobre estos y la posibilidad de incrementarse los índices de absentismo se disparan. Es una relación causa-efecto evidente que el Ejecutivo no ha tenido en cuenta.»

Rodríguez Tapia cree que «se ha jugado sucio con nuestra cuestión, en primer lugar porque se rebajan los materiales, los instrumentos, los medios que debería tener la administración pública, la sanidad, la educación para prestar un buen servicio a la ciudadanía, porque para eso son servicios esenciales. No sólo se reducen los medios materiales sino que no se sustituye al que se ausenta. La mentira consiste en que el absentismo fraudulento se combate atacando a las causas que lo originan, yendo al meollo del problema, intentando evitar la sobrecarga física (un problema endémico en la población sanitaria). Pero por lo que se opta es por una simple medida presupuestaria.