Jerónimo Barrera recordó en primer lugar que AUSBANC es una asociación de “sufridos” usuarios de productos bancarios, que siempre se ha “ocupado y preocupado” de defender los derechos que tienen los consumidores, derechos que la mayoría de las veces “son ignorados por ellos”. Desde su punto de vista, “la banca, las compañías de seguros, las personas que quieren gobernar, o aquellos que quieren ejercer un atropello y una influencia terrible sobre los demás, pretenden que los usuarios permanezcan perfectamente desinformados” porque esa carencia de información “es lo que hace que tengan un éxito tremendo” y señala que en Canarias, la Asociación tiene “una conciencia de desmitificar a los señores de la banca” ya que recuerda que desde siempre “lo que decía un director de banco era algo muy importante y ahora ya no lo es, porque ahora es un simple comercial que va a garrotazo y tente tieso”.

Sobre las implicaciones a nivel bancario del fuera de ordenación a los ciudadanos afectados por el PGO de Santa Cruz, el portavoz de AUSBANC advierte que “lo que es lógico, necesita pocas palabras” ya que explica que “la banca siempre se mueve sobre seguro, reaseguro y encima con las garantías adicionales que sean necesarias” porque desde que exista la mínima duda “no concede ni un céntimo, nada de nada” insiste.

Señala que cuando el PGO de Santa Cruz de Tenerife sea aprobado definitivamente por la Cotmac “de nada que una vivienda afectada tenga un préstamo con una entidad financiera, el banco va a mirar el contrato con lupa y dirá al afectado que ha quedado fuera de ordenación”, que para el banco “es como si no tuviera nada, ya que no tiene la seguridad jurídica que necesita”.

Ante este hecho, los bancos van a exigir sin ningún género de dudas nuevas garantías, porque la establecidas en el contrato hipotecario han quedado mermadas por el fuera de ordenación, ya que firmaron por ejemplo una hipoteca con garantías de “160 metros cuadrados y el día de mañana, solamente tendrá 80 ó 90 metros cuadrados”.

En este sentido, para la banca, si la garantía que el usuario ha ofrecido para que se le anticipara un dinero “se ha minusvalorado y, por tanto, ha perdido valor, exigirá que se devuelva el dinero equivalente a lo perdido o pedirá nuevas garantías añadidas para poder mantener el préstamo realizado” y añade que esta es una circunstancia “en la que está en su pleno derecho, es una medida justa y equilibrada”.

Jerónimo Barrera es consciente de la gran intranquilidad que el PGO genera en Santa Cruz de Tenerife y resalta que su temor principal al respecto “es la inseguridad jurídica que lleva aparejado” el nuevo planeamiento, puesto que “hoy en día estamos comprando algo, que no se sabe si pasado mañana existirá o no”.

Por otro lado, señala que la compañía TINSA (Tasaciones Inmobiliarias SA) aplica en sus tasaciones unas condiciones impuestas por el Banco de España, en donde “tienen una casilla para especificar si la vivienda está en ordenación o no” lo que influye en el baremo final del préstamo, por lo que como se comprueba “no es lo mismo estar en ordenación que no estarlo” de cara a lograr un préstamo hipotecario.

Afirma que los políticos deben potenciar “unas normas que a los ciudadanos nos den fortaleza jurídica y que nos den razón de ser, y no inestabilidad y preocupación”, pero añade que no basta con estabilidad económica y financiera, porque se debe potenciar la seguridad jurídica, para que no ocurra que con un cambio de alcalde de una ciudad, “una persona elegida por el pueblo para que haga las cosas lo mejor posible, se vea tentado a atentar contra los derechos de la ciudadanía o a una parte de ella” como ocurre ahora mismo en Santa Cruz de Tenerife.