Santiago Pérez advierte que como ha ocurrido en Santa Cruz de Tenerife con este PGO, los regímenes políticos no democráticos funcionan a base de imposiciones al pueblo, compran a mucha gente, sobre todo a dirigentes sociales para integrarlos en su maquinaria, usan el poder para sujetar a los medios de comunicación, tratan por todos los medios de ahogar cualquier tipo de resistencia ciudadana y, sobre todo, mienten mucho.

Como político, pero también como abogado, el dirigente socialista desmiente a Zerolo y a Luz Reverón en sus afirmaciones de que el fuera de ordenación no afecta a los ciudadanos y asegura que la decisión aprobada el pasado 4 de enero por el ayuntamiento, que todavía no es definitiva, ya que tiene que ser aprobada por la comunidad autónoma y enjuiciada por los tribunales, produce un perjuicio patrimonial muy importante a los ciudadanos afectados, sea una vivienda, un edificio, un solar, en aquellas zonas en donde el ayuntamiento, para reducir la edificabilidad hacia el futuro, los ha declarado ahora fuera de ordenación.

Como ejemplo práctico vale la argumentaciuón siguente: es como si alguien tuviera cuatro parcelas e invocando el interés general, el ayuntamiento le expropia gratis una, es decir, es como si el valor patrimonial que ahora vale 100, se redujera a 70 ó 65 de un día para otro, por lo que cualquiera que esté en esta circunstancia se ve seriamente afectado en la merma del valor patrimonial por una decisión política que toman ATI-CC y PP invocando el interés general.

Pérez recuerda que el ayuntamiento de Santa Cruz está gobernado por un partido que no goza de credibilidad, ya que se trata de un gobierno local que está totalmente desautorizado para hablar en nombre del interés general por todos los escándalos en los que está involucrado, teniendo en cuenta además que no hay una investigación judicial en la isla por casos de corrupción importantes en donde no aparezcan huellas frescas de Miguel Zerolo. Por ello, cuando un dirigente político invoca el interés general para tomar una decisión tan importante como es un PGO, debe tener mucha autoridad moral para hacerlo, autoridad moral de la que carece Miguel Zerolo.

El portavoz del PSOE explica también que cualquier recorte patrimonial que experimente un ciudadano en base al interés general ha de ser indemnizado, porque nadie tiene ninguna obligación de contribuir a las cargas de la colectividad, salvo en base a las leyes tributarias, y cualquier derecho urbanístico e inmoviliario, por ello, cualquier merma de una propiedad que se establezca en base al interés general debe ser indemnizada, todo lo demás es una decisión confiscatoria y claramente injusta, sobre todo cuando se produce al mismo tiempo en donde el patrimonio de otras personas se ve notablemente incrementado porque a sus edificios o solares se les reconoce mayor edificabilidad para el futuro, algo que el ayuntamiento de Santa Cruz no ha querido ni ha podido explicar porque es inexplicable.