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Justicia y Socidad considera que el decreto por el que se pretende regular las concesiones para las frecuencias de emisoras de radio en Canarias es nulo de pleno derecho PDF Imprimir E-Mail
jueves, 21 de enero de 2010

El colectivo asegura que se ha regulado por un decreto una norma reglamentaria que tiene que ser regulada por Ley

SB-Noticias.- José Manuel Rivero, de Justicia y Sociedad, informó en Radio San Borondón que el colectivo del que es miembro ha presentado los recursos contra el decreto por el que se pretende regular la concesión por parte del gobierno de Canarias de las frecuencias de emisoras de radio y  ha establecido la nulidad de pleno derecho de dicho decreto y explica que el decreto es de rango jerárquico inferior a la Ley y la Constitución señala que todas las materias que afectan a derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la información, tienen que ser regulados por Ley.

El abogado explicó que ya ha terminado los recursos que han sido interpuestos tanto por parte del Centro de la Cultura Popular Canaria, en nombre de Radio San Borondón, como por la Federación de Asociaciones Los Menceyes, en nombre de Radio Geneto, en donde se recurre el decreto de 1 de julio de 2009 por el que se pretende regular las concesiones de las adjudicaciones para las frecuencias de emisoras de radio en Canarias en frecuencia modulada.

En relación con este asunto, Justicia y Sociedad ha establecido la nulidad de pleno derecho de dicho decreto, ya que considera que se ha regulado por un decreto una norma reglamentaria que tiene que ser regulada por Ley.

José Manuel Rivero explica además que el decreto es de rango jerárquico inferior a la Ley y la Constitución, en su artículo 53.1, es clara al respecto, al señalar que todas las materias que afectan a derechos fundamentales, en este caso la libertad de expresión y el derecho a la información, que se ejercen a través de medios de comunicación como Radio San Borondón, tienen que ser regulados por Ley.

Desde su punto de vista, la concesión de frecuencias de radio bajo ningún concepto puede ser regulada por un derecto como ha hecho el gobierno de Canarias, de ahí que el colectivo fundamente sus recursos en base a este argumento, porque en definitiva de lo que se trata es de defender el derecho a la libertad de expresión, defender el derecho a la información de la ciudadanía, para que la población canaria tenga los medios necesarios para que se formen en una opinión libre y democrática y para que se dé efectividad al pluralismo político.
 
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