Cabe recordar que la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordaba por unanimidad archivar la queja remitida por el gobierno de Canarias en septiembre de 2009 contra la magistrada Victoria Rosell por unas declaraciones realizadas sobre el 'caso Tebeto' y la condena al Gobierno a pagar unos 102 millones de euros a Canteras Cabo Verde por haber perdido esta empresa sus derechos de explotación minera en las Montañetas de Tebeto (Fuerteventura) señalando a la administración canaria de mirar las cosas por conveniencia o en base a una amistad.

Victoria Rosell mostraba su plena satisfacción el archivo de esta denuncia puesto que considera que es una decisión que se ha fundamentado en su derecho constitucional a la libertad de expresión, pero lamentó que el capricho del Gobierno de anunciar ante los medios de comunicación su malestar por sus declaraciones y anunciar la denuncias contra ella le haya causado un gran daño a su imagen profesional.

Tras agradecer a sus compañeros el apoyo recibido todo este tiempo, la magistrada dijo que tras esta decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ahora espera una rectificación del Gobierno con similar publicidad a la de la denuncia ante los medios de comunicación y una seria reflexión porque en el fondo de los hechos se esconde el intento de coartar la libertad de expresión.

Rosell no quiere que esta decisión quede en el olvido, como un brindis al sol, sino que le gustaría que se produjera al menos una reflexión sobre el hecho de que un gobierno ha tratado de coartar la opinión personal de una magistrada sobre un asunto público, sino además por el fondo de la cuestión, ya que se permitió decir que había cometido una infracción disciplinaria grave, pidiendo una sanción grave, ante lo cual viene la contundente respuesta del CGPJ, que es el máximo órgano constitucional, que basa su justificación de archivar la denuncia en que sus declaraciones han sido realizadas en su legítimo uso de la libertad de expresión.

Considera que un Gobierno que se queja por algo, que no es otra cosa que el legítimo uso de un derecho fundamental reconocido en la constitución, debería al menos reflexionar sobre este asunto y añade que el portavoz del Gobierno, Martín Marrero, que para colmo es periodista de profesión, debería analizar lo sucedido y aprender de ello para el futuro, porque no se puede salir de un Consejo de Gobierno y anunciar ante los medios una queja formal contra ella, porque ha implicado en este asunto a los propios servicios jurídicos del Gobierno, porque le dan el muñeco para que ellos se encarguen de vestirlo.

Cuestionada sobre si tiene pensado iniciar acciones jurídicas contra el gobierno, la magistrada advierte que si hubiera un ejercicio de reflexión o de rectificación con la misma publicidad con la que fue anunciado ese ímpetu de ponerla en la palestra pública y ponerla en solfa profesionalmente, se daría por satisfecha, aunque aclara que no está muy convencida de que el gobierno dé este paso, al tiempo que considera que ya se ha abusado mucho de la justicia por unas declaraciones realizadas en su legítimo uso de la libertad de expresión, dejando claro que casi nunca es partidaria de ello en base al dicho ‘en casa de herrero, cuchara de madera’ y porque tampoco quiere inquietar a compañeros en una posible causa, porque es partidaria de mantener en este tipo de cuestiones un cuidado exquisito.

Sobre la persecución a la que se está viendo sometido el Juez Baltasar Garzón, Rosell manifestó la discrepancia que su organización, Jueces para la Democracia, ha mostrado públicamente porque consideran lamentable todo lo que está pasando con este instructor, porque aunque las decisiones jurídicas sean discutibles, máxime cuando están en manos de los herederos ideológicos del franquismo, es decir, la extrema derecha, no se puede tratar de quitarse de en medio a un juez acusándolo de prevaricación para que no siga ejerciendo como juez, algo que personalmente considera una situación grave.