Campos dijo que pese a la que estaba cayendo en Arona por las irregularidades cometidas, el nuevo equipo de gobierno municipal salido en las elecciones de 2007 siguieron otorgando alegremente licencias con el mismo comportamiento flagrante de ilegalidad, hechos que fueron denunciados, por lo que la Justicia abrió nueva causa penal contra las personas implicadas.

Explicó que el caso no hace sino crecer puesto que tiene las licencias del año 2009 en su poder en donde todo ha seguido prácticamente igual, ya que si atendemos a las escuchas realizadas en la investigación del caso se deduce que de lo que subyace en los propios acontecimientos en el caso Arona se pone en evidencia el régimen que padece Tenerife, pese al intento de que no se sigan denunciando la concesión de licencias ilegales.

Recuerda que se quiere retirar a José Antonio Reverón del ayuntamiento puesto que ha sido él quien ha sacado a  la luz los expedientes de las contrataciones y de las licencias, tras lo cual advierte que sólo cabe esperar a que la Justicia siga su curso porque cada momento llega, ya que los nuevos gestores del ayuntamiento confiaron en la impunidad con la que hasta el momento se había movido y continuaron cometiendo irregularidades.

Felipe Campos expuso también que la jurista que hizo durante viente años informes contrarios a las actuaciones del equipo de gobierno, también ha sido perseguida por Javier García Doncel, quien realiza unos informes extraños por lo que también está denunciado, pese a lo cual sigue actuando de igual forma pensando que no pasa nada, pero por supuesto que sí pasa y pasará porque es necesario acabar con este tipo de comportamientos

Explica que la justicia española tiene una lentitud estructural tal que hace pensar a este tipo de políticos que pueden actuar impunemente, porque están acostumbrados a hacer lo que quieren sin que hasta ahora pase nada, lo que ocurre es que se trata de un caso de libro que sí tendrá consecuencias.

A todo ello, cabe añadir la problemática suscitada a raíz del despido del jefe de la policía local por parte del alcalde José Alberto González Reverón, quien de forma unilateral tomó esta decisión y colocó en su puesto a una persona que trajo de Cataluña, pero ha tenido que dar marcha atrás ante las medidas cautelares adoptadas por la justicia, lo que demuestra también que en Arona no funciona nada convenientemente.

Sobre el Parque Marítimo, Felipe Campos señala que ha quedado demostrado todo lo que desde hace tiempo ha venido denunciando, sobre el hecho de que existía contrato para piscinas y sin embargo el ayuntamiento de Santa Cruz permitió que se desarrollaran todo tipo de eventos ilegales cuantificados en cientos de millones de euros sin que la ciudad se beneficiara de ello.

Explica que para hacerse una idea del calado de este asunto, basta con mirar unas facturas de eventos realizados en un mes en donde se detallan cantidades superiores a los 90.000 euros, lo que deja claro que a lo largo del tiempo (12 años) se han podido generar miles de millones de forma clandestina para personas concretas próximas al poder y que suponen una situación intolerable.