Ramón Trujillo dijo que en este escándalo sólo ha salido la punta del iceberg y que en estos momentos hay un mínimo de imputaciones posibles, ya que opina que si realmente fuera posible alumbrar todo lo que esconde esta trama, los imputados que hay, que no son pocos, serían una minoría.

Sigue defendiendo la idea de que no es bueno generalizar ni decir que todos los que se dedican a la política y tocan poder son unos corruptos, pero desgraciadamente, la realidad de todos los casos de corrupción conocidos en Canarias nos llevan al pensamiento de que es cierto que hay una sobre representación de personas corruptas en la política y lógicamente como en cualquier tipo de conductas delictivas siempre las personas que caen en manos de la Justicia, suelen ser una minoría, puesto que muchas veces es difícil demostrar los delitos que se imputan por la propia actividad política, por ello se muestra convencido de que quienes llegan a los tribunales son una minoría.

El coordinador de IUC en Tenerife asegura que el caso Las Teresitas es un escándalo mayúsculo, con numerosos imputados, a lo que hay que sumar estas nuevas imputaciones adelantadas este domingo por Radio San Borondón y que reflejan que las personas involucradas en esta trama pertenecen a casi todos los partidos, con nuevas imputaciones para un ex alcalde de Santa Cruz, José Emilio García Gómez (PP), para un portavoz del PSOE, Emilio Fresco, así como la nueva imputación para una persona, José Luis Martín (ex PSOE), que además tuvo un protagonismo bastante interesante en los medios de comunicación a quienes se les imputa la posibilidad de haber recibido algún tipo de soborno.

Desde su punto de vista, podríamos estar hablando de que se han movido en este caso cantidades importantísimas en sobornos, cantidades que podrían rondar los 400 millones de las antiguas pesetas en donde han tenido que ver desde políticos a personas del ámbito empresarial y financiero, así como otras informaciones que hablan de esa cantidad sólo para una de las personas claves en este escándalo considerado de libro en el ámbito jurídico.

Obviamente se han movido cantidades multimillonarias porque hablamos que sólo por adoptar decisiones políticas se han obtenido en la compra venta del frente de playa miles de millones de las antiguas pesetas en beneficios, decisiones que podrían considerarse que han tenido un alto precio, al tiempo que pueda haber quien piense que esas cantidades no sólo se han ofrecido sino que también se han pagado, lo que pone a las claras que en esta partida de ajedrez se han puesto muchos millones de euros en juego, todo esto en el contexto de lo más vergonzosamente escandaloso, que es la crisis económica actual, las dificultades reales que atraviesa la ciudad, los miles de chicharreros que no tienen trabajo, las evidentes carencias sociales que tiene la capital tinerfeña, la desvergüenza superlativa de un ayuntamiento que declara una emergencia social y al mismo tiempo aumenta el número de asesores, invierte menos en servicios sociales y pleitea para que no se cumpla la sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a Antonio Plasencia e Ignacio González a devolver una millonada a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, un dinero que se pagó por parte del consistorio a estos empresarios de forma ilegal, un asunto para el que se acaban los calificativos porque la palabra vergüenza se queda pequeña.

Ramón Trujillo afirma que los diccionarios deberían traer en la definición de corrupción la fotografía de algunos políticos de Santa Cruz de Tenerife, puesto que se trata de una ciudad azotada por corrupción en estado puro y que hace que la vida política de la ciudad sea un continuo escándalo, al tiempo que lo es también el hecho de que la ciudadanía permanezca inmóvil ante estas cuestiones y no entienda el lodazal en el que la ciudad está sumida por la nefasta gestión de unos irresponsables políticos de la magnitud de Miguel Zerolo al frente del consistorio, que hace lo que hace en Las Teresitas, el Mamotreto, el caso Hermanos García Cabrera, Emmasa, Parque Marítimo y la última con un PGO que expolia el patrimonio de decenas de miles de santacruceros para dárselo a millonarios afines al poder.