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Jesús Frías, Delegado Sindical de UGT explica los detalles de la caza de brujas emprendida contra los sindicatos y funcionarios en el Ayuntamiento de Santa Cruz. PDF Imprimir E-Mail
martes, 02 de marzo de 2010
ImageAudio de la entrevista
Según Jesús Frías, se ha dirigido un escrito a UGT por parte del Alcalde para que por parte de esa central sindical se identifique a quienes han redactado el escrito que ha difundido la Sección Sindical de UTG. En dicho escrito, además, se pregunta si UGT se responsabiliza o no del contenido del escrito, porque el Alcalde se siente injuriado y calumniado por lo que en él se dice. Del mismo modo, Jesús Frías manifiesta que desde la Dirección General del Servicio al que está adscrito se le ha dirigido un escrito en el que se le pide que “ratifique la veracidad y autoría de las declaraciones publicadas en cuanto al Servicio, a pesar de que del Servicio prácticamente no se dice nada, a fin de valorar la posibilidad de ejercer el derecho de rectificación en el caso de que el contenido no sea ajustado”.

Jesús Frías entiende que tras ese escrito se le pide que “aclare o diga más” para ver si se le puede meter en el juzgado. Del mismo modo, tras el escrito difundido por UGT, se ha enviado otro escrito por el Servicio de Recursos Humanos a todos los sindicatos, para que aclaren cuantas horas sindicales tienen, cuantos delegados sindicales tienen, cuantas horas, etc. Según Jesús Frías, hace muchos años que un escrito de ese tipo no se remitía porque el Ayuntamiento no tenía en cuenta las horas de los Delegados Sindicales porque realmente los Delegados utilizan menos horas de la que la Ley les reconoce para sus actividades sindicales.

Añade Jesús Frías que  “suele ser habitual hay algunos contratos que ellos consideran de urgencia, y que en caso de que el ayuntamiento lo considere urgente ellos empiezan los trabajos y luego se formaliza el contrato. Nosotros estamos en la doble tesitura de que tenemos constancia escrita, tenemos que acudir al Juzgado, y lo que tratamos es que la Administración se normalice”, puntualizando que “Dicen que no podemos denunciar lo que conocemos por el puesto de trabajo, pero también consideramos que si conocemos que se está en presunto delito también tenemos a mano a la Justicia, estamos en esa doble tesitura. No es fácil.”

Con respecto a si es posible que algunos empresarios participen en la elaboración de los pliegos de condiciones de los concursos a que luego van a presentarse, Jesús Frías respondió que es otro comentario que circula por la casa de los dragos y que “hay gente que estaría dispuesta a acudir al juzgado, incluso que tienen documentos en la mano que son probatorios de hecho”. Según Frías “Pasa que hay reuniones en las que algún que otro empresario les dice cómo hay que hacer los pliegos, y que incluso en algunos casos también como empresarios luego se presentan a la adjudicación del contrato. Parece que hay algo por ahí. Ya le digo que en que la constancia, cuando la tengamos por escrito, veremos si tenemos la obligación si tenemos la obligación de ir denunciarlo en el juzgado, nosotros creemos que sí. Estamos en ello”.

Preguntado por si hacen informes por encargo del político de turno, ¿pasa eso con ustedes? Por ejemplo, en el caso de la elaboración del PGO, “habiendo arquitectos del Ayuntamiento se les ha marginado y no se les ha dejado que toque ningún documento, se encarga a una empresa por dos o tres millones de euros”. En el caso del Parque Marítimo, Jesús Frías añade que “se trata de evitar que los funcionarios toquemos lo que son las partes importantes de los grandes proyectos, para que se recurra a empresas externas para llevarlos a cabo. Eso, por el Ayuntamiento es habitual, esto es habitual, de pedir informes, de dejar a los funcionarios al margen, que no tomen ni tengan relación con esos grandes proyectos. Todos nos imaginamos por qué, hay más permisividad en los informes, a un funcionario si le dicen ‘haga esto’ él puede decir ‘mire la legislación aquí esto lo impide, esto no se puede hacer por aquí, la legislación europea dice esto, la legislación española dice esto…’…y entonces, a una empresa se le dice ‘haga esto de esta manera’ y lo hace. La empresa privada no tiene la misma responsabilidad que tiene un funcionario”, añadiendo finalmente que “Se le dice ‘usted haga esto por este dinero’ y se acabó. El funcionario está obligado a que cada vez que vea una presunta ilegalidad o una irregularidad ponerla sobre la mesa. Y Entonces cada, cada vez más, se ha ido alejando a los funcionarios de la posibilidad de tener contacto con las cosas importantes”.

Con respecto a las irregularidades en la Creación del IMAS, Jesús Frías manifestó que “En una mesa de negociación nosotros pedimos, no lo teníamos el expediente, y pedimos un informe que hay constancia en el expediente que ha sido entregado a cinco servicios, por lo menos a cinco o seis servicios, y uno de esos servicios es Recursos Humanos. Entonces nosotros pedimos, como estamos negociando y está el Concejal de Recursos Humanos y está la Directora General de Recursos Humanos, le solicitamos ese informe, que hay constancia que entró en Recursos Humanos, y la Directora General de Recursos Humanos, en diciembre, dice que lo hemos quitado adrede. Vamos, esto de que un funcionario diga que se ha quitado un informe de un expediente, es un delito. Será delito cuando un juez lo diga, pero es un presunto delito quitar un informe de un expediente.” Según Jesús Frías, Es un escrito del que hay constancia de que está en el expediente. A ver si ahora el juzgado le pide el expediente completo, a ver si se lo van a negar también al juzgado

Según Jesús Frías, ese informe que falta en el expediente sería “la piedra angular” de toda las irregularidades e ilegalidades en la creación del IMAS. “Es el informe que hace Servicios Sociales, y se hace con fecha 12 de agosto y el organismo autónomo se había creado en mayo”, matiza el delegado de UGT.

Según Jesús Frías, UGT pide ese escrito que está firmado por el Jefe de Servicio, por el Director General de Organización y Planificación y por el Concejal que ha promovido el Organismo Autónomo, porque en él “Ellos mismos dicen que el Organismo Autónomo no se puede constituir hasta que esos informes estén emitidos”. A pesar de ello,  en diciembre se publica un decreto en el BOP que firma el Alcalde Accidental Sr. Parejo en el que dice que los informes preceptivos no se emitieron, que hasta esa fecha no se han podido emitir y que a pesar de ello van a seguir adelante. Jesús Frías entiende que “eso es un delito de los previstos en el artículo 404 del Código Penal, puede que haya alguno más, pero uno es ése

 
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