Mari Ángeles Sánchez explica que hablamos de unas viviendas que pertenecen al grupo Martín Freire del patronato Francisco Franco, compuestas por unas 1.700 viviendas, situadas en una zona hoy en día privilegiada, concretamente en la parte alta del barranquillo de Don Zoilo, prácticamente al lado de las controvertidas y anuladas Torres del Canódromo, pero hablamos de un problema que no es ajeno a otro grupos de las viviendas del patronato Francisco Franco.

En este sentido, pone de manifiesto que la segunda parte de la lucha de este denunciante fue el tema de que la regularización que está perfectamente recogida en los contratos que se les hacían a los beneficiarios establece que tienen derecho a que se les devuelvan las cantidades amortizadas por esa vivienda quedando a favor del patronato un 10%, de tal forma que la persona que llegase tenía que pagar esa cantidad que él tenía amortizada y de esa cantidad tendría que devolverse a la otra persona la que había depositado para la amortización de su vivienda, siendo esta la regularizaciónque viene perfectamente establecida en los artículos 11-12 del patronato.

Sánchez afirma que esos artículos ponen de manifiesto de forma clara lo que significa la regularización de cada persona cuando no se es el titular directo, pero el PP, ya en el gobierno municipal, al hacerse cargo de la comisión liquidadora, en una reunión en febrero de 2002 acordó poner unas cantidades, que nada tienen que ver con las que figuran en los contratos de amortización de estas personas, y que obtienen de unas tablas de un patronato que se entregó en Tenerife y con arreglo a los metros cuadrados de ese patronato y al precio que se le puso, se establecen a estas viviendas estas cantidades, que son de 3.000 euros para el grupo en donde vive Salvador Francisco González, y otros 2.300 euros para otros grupos.

La presidenta de Avecalta explica además que dándose el caso de que herederos directos, como el caso del nieto que ha nacido y ha continuado viviendo en la misma casa, se le considera como un ocupa hasta que se le hace el contrato nuevo, que ya contiene esos 3.000 euros en el caso del grupo del Martín Freire, o el de una viuda que tras fallecer su esposo tiene que satisfacer esa cantidad para que se regularice su situación, dándose casos verdaderamente ilegales porque una comisión liquidadora tiene una sola y exclusiva misión, liquidar el patrimonio que se ha puesto en sus manos y que no es de su propiedad, sin embargo el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha actuado en todos estos casos como si ese patrimonio fuese de su propiedad. Todas las viviendas tenían el mismo valor, pero el ayuntamiento, en su función de comisión liquidadora se permitió cambiarlo todo.

Señala que en 2004, como asociación de vecinos, trabajaron esta problemática visto lo que estaba ocurriendo, denunciando esta situación de abuso, dirigiendo escritos a las cuatro administraciones que intervinieron en la reposición y rehabilitación del patronato, siendo en 2007 cuando la Delegación del Gobierno la llamó para una reunión con los representantes estatales en Gran Canaria, más una persona llegada de Madrid que hizo de enlace con la comisión liquidadora del patronato, en donde se constata que los vecinos tienen la razón en este asunto porque se han cobrado cantidades abusivas y creando una diferencia entre las viviendas cuando todas eran iguales, sin embargo le dijeron que si todo llegaba a los tribunales cómo se hacía frente a esta situación de devolución a las personas de las cantidades cobradas de forma abusiva.

Por otro lado, explica que los vecinos deben tener claro que las reclamaciones patrimoniales tienen que hacerlas ellos, porque Avecalta no tiene capacidad para solicitar devolución de dinero ni ningún efecto patrimonial de cada una de estas personas que han sido afectadas por estas actuaciones del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sin embargo la asociación si ha presentado reclamaciones en relación a la defensa de los derechos que les correspondían a estas personas.

La realidad es que ha habido unos desajustes económicos, ha habido unos abusos en las formas de actuación de una comisión que tiene marcado su objetivo, liquidar, sin quedarse con nada del patrimonio que tiene que pasar directamente a sus adjudicatarios.