Santiago Pérez se siente consternado con lo ocurrido este fin de semana en El Aaiún a los catorce activistas de SaharAcciones, pero matiza que no está sorprendido porque en este interminable contencioso el reino de Marruecos lo considera de su propia integridad territorial y aplica para defender su postura los instrumentos propios de un régimen autoritario, que no garantiza las libertades públicas esenciales.

Afirma que esto está ocurriendo con los ciudadanos saharauis que reivindican su derecho a la autodeterminación de su pueblo y, por tanto, el cumplimiento de las resoluciones tantas veces reiteradas como incumplidas de Naciones Unidas, como en episodios como el vivido este fin de semana, en donde personas de otros países, comprometidas con la causa de los derechos del pueblo saharaui, acuden a los territorios ocupados a dar testimonio de ello y se encuentran con la represión en sus propias carnes.

Sobre el papel del Estado en este asunto, sobre todo en referencia las declaraciones de Elena Valenciano, quien dijo que los ciudadanos canarios fueron detenidos porque no habían pedido permisos para manifestarse, el diputado socialista dijo que el avance de las causas de las libertades en todo el mundo es algo que depende mucho de la toma de conciencia de la sociedad internacional, de los países en donde están en vigor las garantías de las libertades y los derechos humanos, puesto que en política, como en la vida, lo que no se conoce, no existe, ya que entiende que este tipo de episodios son un aldabonazo a la opinión pública española y europea como lo fue hace unos meses lo ocurrido en torno a la figura de Aminatu Haidar.

Desde su punto de vista, la acción protagonizada por los activistas canarios realza la lucha del pueblo saharaui por sus derechos, pero además pone sobre la mesa el sentir de unas personas que han acudido al Sahara Occidental a dar testimonio de su identificación y compromiso con la causa saharaui, dicho lo cual, advierte que cualquier manifestación que se haga de que en los países hay que cumplir las normas, hay que pasarlos por dos requisitos previos, siempre y cuando la legislación de los países sea respetuosa con los derechos y libertades y siempre y cuando la infracción de una norma dé lugar a una respuesta proporcionada de las autoridades de esos países, siendo una evidencia que ninguno de los dos requisitos se dan en este caso.

No cabe en este caso la aseveración de que las leyes están para cumplirlas como ha dicho su compañera de partido, puesto que el ordenamiento jurídico marroquí para los territorios ocupados no se basa en principios de libertad, ni en los principios que inspiran los derechos de las gentes, como consta en las declaraciones internacionales sobre derechos fundamentales y humanos, que son normas. Por tanto, a partir de esos principios, que no se dan, cuando se produce una infracción la respuesta de las autoridades deben estar sujetas al derecho y deben ser proporcionadas, siendo evidente que no se dan estas circunstancias en lo ocurrido en El Aaiún este fin de semana.