Vanessa Jorge explicó que por fin después de veinte años en el limbo se había convocado el concurso para otorgar las frecuencias de radio en Canarias, por lo que hace dos años algunas empresas ofrecieron sus servicios para poder las emisoras pudieran presentar los expedientes preceptivos, de tal forma que unas 80 empresas contrataron al equipo de Díez y Romeu de Madrid para que llevaran a cabo los trámites, lo que ocurre es que el pasado 30 de septiembre era la fecha tope para entregar los trabajos, pero el bufete de abogados dejó tirados a unas 40 emisoras fuera del concurso al presentar la documentación fuera de plazo, algunas de ellas ni siquiera llegó a presentar los informes pese a que habían cobrado por los servicios.

Por otro lado, señala que desde el mes de octubre, muchos de las empresas afectadas ya sabían que estaba pasando hasta que Radican supo la magnitud de emisoras que se habían quedado fuera del concurso cuando el 31 de enero se hizo público por parte del Gobierno, con lo que el trabajo de años y las ilusiones de empresarios y trabajadores se iban al traste por la nefasta gestión del bufete de abogados.

Radican, como asociación de emisoras de radio, y los empresarios afectados se han reunido varias veces con responsables del ejecutivo canario y con miembros de la oposición para tratar de buscar una solución a este problema, sin que a día de hoy se hayan encontrado cauces, sabiendo además que el 29 de abril se hacen públicas las licencias, lo que ha motivado que las emisoras afectadas hayan comenzado a interponer demandas contra este bufete de abogados que les ha dejado tirados, lo que no quiere decir que vayan a conseguir una licencia.

En este sentido, admite que esta realidad supone un duro golpe puesto que por culpa del despacho de abogados han quedado fuera del concurso, de tal forma que cuando el Gobierno otorgue las frecuencias a finales de este mes, tendrán que cerrar las emisoras y despedir a los empleados.

Vanessa Jorge dijo que tiene claro que el fallo del despacho de abogados no se debe a un error simple, sino que tiene una justificación, dicho lo cual admite que por esa razón las empresas que están dentro del proceso no están tranquilas puesto que aunque hayan superado el primer corte, la documentación puede contener fallos que les perjudique, en el sentido de que hay algunas emisoras que a día de hoy saben que no están todas las licencias que habían pedido, al margen de que hay documentación de alguna emisora puesta en el lugar de otra.

La responsable de Radican advierte que cuando el Gobierno otorgue las licencias se comprobará el gran descalabro del concurso porque se hará público aquellas empresas que están dentro del concurso pero que tendrán mal la documentación,  puesto que ninguna de ellas sabe a ciencia cierta qué ha presentado el bufete de abogados, toda vez que sólo tienen una hoja de presentación, pero no tienen ni los proyectos, ni copia de lo entregado.

Desde su punto de vista, el sector radiofónico de Canarias vive un estado de emergencia total, no sólo porque se han quedado fuera muchísimas empresas canarias, sino porque muchas otras que están dentro del concurso también cuentan con fallos en la documentación aportada por el bufete, de tal forma que las frecuencias de radio podrían ir a manos de empresas nacionales, saliendo perdiendo el empresario canario.

Vanessa Jorge explica que desde el ejecutivo les dicen que están atados de pies y manos puesto que el servicio jurídico del Gobierno preparó este concurso de tal forma que no deja opción para modificar las condiciones y dejar entrar a las empresas que se han visto perjudicicadas por esta gestión del despacho de abogados Díez y Romeu.